Razón y oportunismo político

Hace unos días se ha celebrado en Pamplona una jornada sobre la tortura. No asistí pero he escuchado a algunos ponentes por Internet y produce escalofrío conocer de mano de expertos y de personas que han sufrido la tortura en sus carnes una realidad que sucede aquí y no solo a miles de kilómetros. Puede que ocurra en nuestra ciudad y que conozcamos a alguien que ha pasado por ese trance.

Amnistía Internacional ha denunciado una situación que la mayoría parlamentaria de Navarra no quiere escuchar. Existen sentencias que condenan a policías, algunas avaladas por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El colectivo Torturaren Aurkako Taldea ha elaborado un decálogo de medidas para acabar con la tortura que se ha presentado en el Parlamento de Navarra y muchos ayuntamientos navarros para su discusión y partidos como UPN, PSN, CDN e IUN han votado en contra o se han abstenido. Resulta que la aplicación de esas medidas acabaría de una parte con la práctica de la tortura ya que al estar implantado un sistema de video-vigilancia impediría las malas prácticas y de otra parte acabaría con las posibles falsas acusaciones que por parte del Gobierno se dice que es una estrategia de desgaste.

Hace poco presencié un debate entre un político de UPN y otro de la izquierda abertzale sobre este tema. Uno defendía que no eran necesarias esas medidas porque cree a la policía y no al detenido. El otro defendía las medidas porque cree que se tortura sistemáticamente. Los dos basaron sus argumentos en la creencia y la propuesta del colectivo TAT parecía más un pretexto que una razón de peso. Me sorprendió que apenas se hablara de que en un estado de derecho es fundamental establecer garantías, no creencias. Y todas las medidas del TAT van en la línea de establecer garantías. Porque si hasta en el país más garantista del mundo se pueden producir abusos no digamos lo fácil que puede darse en el Estado Español con leyes de excepción como la incomunicación del detenido.

Yendo más allá en el análisis de este tema, aún a riesgo de ser acusado de justificar al poder, hay varias cuestiones que llaman la atención y que se deben afrontar con sinceridad y honradez y no desde el prejuicio o como tinta de calamar para esquivar situaciones incómodas:

–          ¿cómo una persona con un mínimo de sensibilidad hacia los derechos humanos es capaz de apoyar que no existan medidas de control para evitar que personas detenidas puedan ser torturadas?

–          ¿cómo una persona que denuncia torturas es capaz de guardar silencio o incluso justificar los asesinatos de ETA?

–          ¿la sociedad es insensible ante la tortura o la saturación ante la violencia de ETA ha llevado a un inmovilismo social ante esta lacra?

Es posible que mucha gente perciba que más que un interés real de acabar con la tortura lo que con este debate se pretendan eludir responsabilidades propias, lo cual puede traer como consecuencia un no querer entrar en el fondo de la cuestión. Y este es que por muy terribles que sean los crímenes cometidos nada justifica la tortura. El terrorismo debe ser perseguido y las personas detenidas deben tener garantizados todos sus derechos y si existen pruebas deben ser juzgados y si queda demostrada su culpabilidad condenados. Y hasta entonces todas las personas son inocentes.

Los atajos no suelen dar resultado y a la larga se vuelven en contra de quien los justifica. El asesinato y la tortura son atajos y aunque el primero es abominable porque no tiene vuelta de hoja, la segunda es injustificable: si permitimos que se pueda justificar la tortura como medio para acabar con el terrorismo estamos dando la razón a quien cree que el fin justifica los medios. Y eso es contrario a la democracia

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PSN y el euskera

El 16 de febrero pasado el PSN celebró una jornada en el Baluarte bajo el título Euskera: presente y futuro. Aunque no tuve ocasión de asistir he leído con interés lo que la prensa recogió al día siguiente. Dicha lectura, condicionada por la trayectoria que el PSN lleva en relación a la política lingüística en Navarra, me produjo una sensación novedosa, el PSN abría sus puertas a una realidad existente en la sociedad navarra y que hasta ahora se estaba negando a dar cabida en su casa, esto es, ha escuchado la voz de personas vascohablantes navarras. Que esto no quede en flor de un día es algo que el tiempo mostrará.

De todas maneras quiero hacer referencia a la interesante intervención de Lourdes Auzmendi, viceconsejera de Política Lingüística del Gobierno Vasco, que la radio navarra en euskera Euskalerria Irratia tuvo a bien reproducir en su totalidad. Sí, efectivamente, esa radio tan necesaria para los vascohablantes que el Gobierno de Navarra, sustentado por el PSN, sigue queriendo que sea ilegal y castigada sin acceso a recursos económicos públicos, que otros medios de comunicación tan generosamente reciben.

De su exposición quiero destacar tres ideas de las que presentó:

–         En el intento de establecer relaciones institucionales entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra se han encontrado con un muro, no ha sido posible, a pesar de que los dos gobiernos son constitucionalistas. Como ejemplo puso los acuerdos alcanzados en el País Vasco francés destacando que el Gobierno de Francia, con toda la fama de jacobinismo que se le quiera atribuir, tiene una actitud más abierta que el Gobierno de Navarra.

–         En el deseo de querer todo existe el riesgo de quedarse sin nada (oro nahi, oro gal). Las posiciones extremas del Gobierno, que ha vaciado de contenido la Ley del Vascuence, y de quienes piden que el euskera sea oficial en toda la Comunidad Foral no dan lugar a afrontar la cuestión lingüística en Navarra con sosiego y normalidad.

–         La Ley del Vascuence puede ser el lugar de encuentro de la mayoría de la sociedad para avanzar en la solución de la cuestión del euskera, cambiando aquello que desde el acuerdo deba cambiarse, pero manteniendo su estructura central.

Esas ideas, como he dicho, interesantes y muy a tener en cuenta me llevan a las siguientes reflexiones:

–         Como navarro bilingüe me sumo a la idea de actitudes abiertas y búsqueda de puntos de encuentro. Aunque el día a día muestra a un PSN sordo, no podemos renunciar nunca a buscar acuerdos y colaborar para que el euskera sea visto por todos, vascohablantes y castellanohablantes, como lo que es: una lengua que sirve para comunicarse y que aporta a la Comunidad Foral una singularidad cultural que la enriquece.

–         Eso no convierte en razonable que la oficialidad del euskera sea equiparable a la política lingüística que aplica el Gobierno de Navarra y que tan generosamente sustenta el PSN. La oficialidad no supone ninguna obligación ni exclusión para los ciudadanos que no hablan euskera. No implica lo que el portavoz de UPN, García Adanero, tuvo la osadía de verbalizar: que los castellanohablantes puedan ser expulsados de Navarra. Siguiendo ese hilo argumental se podría decir que con la oficialidad única del castellano lo que UPN hace es expulsar de Navarra a los vascohablantes. Reconocer el derecho a dirigirse a la Administración en euskera y a ser atendido en esa lengua no conlleva ninguna imposición al castellanohablante.

–         Comparto que algunos colectivos que trabajan en defensa del euskera hacen planteamientos que no son asumibles por los castellanohablantes. Tan ciudadano de Navarra es el castellanohablante como el vascohablante. Es la persona la que es sujeto de derechos y no las lenguas. Y desde esa premisa y tomando como referente la realidad sociolingüística de Navarra es desde donde se debe construir la convivencia ciudadana, y como parte de ello la lingüística. Muchos mensajes de organismos del euskera, de partidos políticos abertzales (y no digamos ya de descerebradas organizaciones terroristas) hablan de reeuskaldunizar Euskal Herria, de una tierra euskaldun, de españoles opresores. Unen la normalización lingüística a proyectos políticos concretos. Argumentan que sin un estado propio no es posible la normalización del euskera. Todas esas argumentaciones ponen alerta y a la defensiva a muchos castellanohablantes, ya que todo lo que avance en esa línea huele a imposición.

–         Algo mejor nos iría a todos si se realizara una política lingüística respetando la voluntad de las personas. Pero claro, por mal que planteen las cosas las personas defensoras del euskera de lo que no se les puede acusar es de imposición ya que las directrices de la política lingüística las ponen los gobiernos y en Navarra desde que yo tengo uso de razón gobierna UPN. Y tal y como la propia viceconsejera del Gobierno Vasco reconoció en su intervención, son un auténtico muro.

–         Al hilo de esta actitud de imposición tan asfixiante de UPN: estoy convencido que una política lingüística más abierta y no excluyente acabaría con muchas de esas actitudes que surgen desde el mundo del euskera. ¿es la Ley del Euskera el lugar de encuentro, o de partida, de todo ello? Probemos. Pero que luego no nos venga alguien diciendo que por ellos lo harían, pero que sería abrir las puertas a la integración de Navarra en Euskadi. Las reivindicaciones políticas tienen su vía de discusión ante la sociedad y el derecho a usar las dos lenguas de Navarra en la vida pública y privada no debe, en ningún caso, estar unida a ningún proyecto político, porque las lenguas pertenecen a los hablantes.

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