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Posts Tagged ‘Transición’

Es un lugar común en todos los análisis que uno lee sobre la situación actual el dar por hecho que Zapatero pactará con el PNV los próximos presupuestos a cambio de transferencias para Euskadi. Soy de los que opina que una negociación presupuestaria no es el lugar adecuado para cambiar cromos sobre competencias autonómicas por dignidad, en primer lugar, pero también por sentido práctico, por cómo contemplan ese mercadeo desde España y la imagen negativa que arroja sobre los llamados “nacionalismos periféricos”. Es triste tener que recurrir a una negociación presupuestaria para lograr que se aplique la Ley y que competencias que territorios como Euskadi deberían ejercitar desde hace 30 años sean por fin una realidad. Pero es más triste todavía comprobar que es imposible explicarle eso a una persona de fuera de Euskadi sin que piense que no eres sino un pedigüeño y un aprovechado o simplemente un “nacionalista de mierda”.

Es bastante frecuente escuchar a ciertas personas criticar las propuestas de reforma de los regímenes autonómicos en el estado español y cantar las alabanzas de la época de la transición a la democracia, cuando todo se hacía por un amplio consenso y gracias al acuerdo y buena voluntad de todos. Normalmente ese argumento se emplea para criticar a esos nacionalismos insaciables que no hacen otra cosa que pedir nuevas transferencias y mayores cotas de autogobierno aprovechando cualquier resquicio y cualquier momento de debilidad por parte del gobierno de turno en Madrid. Pero lo que no ven o no quieren ver esas mismas personas es que ha habido un histórico incumplimiento de ese supuesto espíritu de la transición que distinguía entre regiones y nacionalidades no cuantitativamente, por la cantidad de competencias que cada cual pudiera llegar a tener, sino, cualitativamente, por lo diferente de su conciencia identitaria e incluso por el distinto origen de sus competencias (como es el caso de Navarra y Euskadi, con sus derehos históricos y sus regímenes forales). Tampoco quieren ver esas mismas personas que tanto ensalzan la transición y la Constitución de 1978 que esa misma norma contiene artículos, como el 150.2 que permite a un Gobierno transferir competencias a una determinada Comunidad aunque en un principio dichas competencias se considerasen como exclusivas del Estado. Es perfectamente constitucional la superación del techo autonómico y aquel pacto constitucional de 1978 así quiso reconocerlo.

El problema es que los llamamientos al espíritu de la Constitución de 1978 o al consenso constitucional en realidad suelen ocultar argumentos, ideas y opiniones no tan constitucionales y democráticos. Lo que subyace bajo esa argumentación no es otra cosa que un nacionalismo español que considera que lo que hay es ya demasiado “ceder” a unas “regiones de España” que debieran estar agradecidas; un nacionalismo español que considera impensable cumplir lo que la propia Ley dice (no ya el espíritu sino la letra misma de los Estatutos de autonomía ha sido incumplida por gobiernos tanto del PP como del PSOE); un nacionalismo, en definitiva, que niega el carácter abierto, dinámico y cambiante de las identidades y de las relaciones entre esas nacionalidades (naciones para muchos de nosotros y cada vez para más personas) y el Estado. Un nacionalismo que no pone objeciones mientras las cosas vayan según lo que a ellos les interesa, pero que se rasga las vestiduras cuando alguien se sale de su guión y que no tiene problema alguno a la hora de cuestionar  y poner en duda la legitimidad de decisiones mayoritarias fruto de un pacto político como ha ocurrido con el Estatut de Catalunya.

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Este próximo mes de agosto el Amejoramiento del Fuero navarro cumplirá 28 años. Tal vez para celebrarlo o tal vez por pura necesidad, el Gobierno de Navarra ha impulsado una reforma pequeña, breve y concisa, como corresponde —pensarán ellos— a la más amplia y más antigua autonomía de España.

Lo importante en este caso no es el qué, sino el cómo de la reforma, ya que nos muestra el verdadero rostro del navarrismo. El procedimiento llevado a cabo para la presente reforma, ya en pleno siglo XXI, ha seguido las mismas pautas, rancias y obsoletas, de hace 20 años.

Ahora, como entonces, se ha vetado la participación de un importante sector de la sociedad en las negociaciones. A principios de los años 80 el consenso alcanzado por UCD, PSOE, UPN y EKA dejó fuera de la comisión negociadora navarra a todos aquellos que no comulgaran con la versión oficial de Navarra (a quienes no compartieran la idea de Navarra consensuada por ellos, según la versión pública). A quien se excluyó realmente fue al nacionalismo vasco y, aprovechando el asunto FASA para resolver problemas internos en la UCD navarra) a Jaime Ignacio del Burgo.

En este año 2010, quienes se han sentido excluidos de la negociación representan a un abanico más amplio de sensibilidades políticas: NaBai, IUN, CDN y PP (donde, caprichos del destino, milita hoy en día Jaime Ignacio del Burgo).

El Gobierno de Navarra, sobre todo si es de UPN, se ve a sí mismo como único intérprete cualificado de la navarridad. El proceso de negociación de la reforma del Amejoramiento no era, según ha explicado García Adanero, el lugar ni el momento apropiados para que se manifestaran los partidos políticos. Estos podrán intervenir en la aprobación (por vía de lectura única) en las Cortes Generales y en el Parlamento de Navarra, dando un sí o un no a lo ya cocinado por otros.

Pero las similitudes del proceso actual con el que se siguió hace 20 años no acaban aquí. Hoy también el Amejoramiento (en este caso la reforma) se aprobará en las Cortes Generales en lectura única tratando de simular ese supuesto pacto sellado entre Navarra y España en 1841, un pacto de naturaleza —según afirman— jurídica, refrendado por la institución en que reside la soberanía popular (las Cortes) como mero formalismo, ya que el Pacto, el de verdad, se habría llevado a cabo entre los verdaderos sujetos históricos: Navarra y España, no el pueblo navarro y el pueblo español o la ciudadanía navarra y la ciudadanía española.

Hoy, como hace 28 años, el navarrismo (donde ya por entonces se había instalado el socialismo navarro) ha escenificado cuál es LA IDENTIDAD de Navarra y quiénes son sus intérpretes, obviando y marginando a quienes piensan diferente y, por si acaso, también a quienes piensan parecido.

El bien de Navarra debe prevalecer incluso contra el criterio de los navarros y navarras. Para evitar que éstos puedan equivocarse el Oráculo foral (el Gobierno de Navarra) debe permanecer a salvo, lejos del nacionalismo vasco. Ésta, y no la libertad, ha sido siempre y desde siempre la regla básica de todo buen navarrista. El respeto a la voluntad de los navarros se puede sacrificar cuando de lo que se habla es del ser de Navarra.

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Todos sabemos que Francisco Franco murió en la cama siendo un ancianito que había dirigido con mano dura una dictadura durante casi 40 años. Cuando hojeo las memorias de algunas personalidades de los años de la transición o cuando leo algunas declaraciones o entrevistas de políticos de los años 70 y 80 hay ocasiones en que se me escapa una sonrisa al ver lo convencidos que algunos se muestran de su compromiso con la lucha antifranquista y de sus ideales democráticos. Es lo que tiene la memoria, que elige lo que quiere recordar y, consciente o inconscientemente, justifica lo hecho en el pasado con argumentos del presente, de modo que la trayectoria de cada uno de nosotros siempre es coherente a nuestros ojos.

La oposición al franquismo no fue tan significativa como puede parecer de la lectura de estas memorias. Se redujo a unos pocos grupos de la izquierda y los nacionalismos, que sufrieron con dureza la represión franquista. No fueron pocos los que compartieron los fines y los medios del franquismo y no son pocos los que hoy en día siguen justificando no solo el alzamiento militar contra la República, sino los casi 40 años de represión y de dictadura.

Desde 1999, año en que se cumplió el 60 aniversario del final de la Guerra Civil, varias organizaciones han venido trabajando cada vez con mayor eco mediático y social por la recuperación de la memoria de los perdedores de la guerra. Parecía que su labor podía lograr que por fin, 30 años después de la muerte de Franco, se abordara uno de los temas que quedaron pendientes en la Transición. Del mismo modo que el franquismo dejó sin resolver algunos de los principales problemas y debates de la República, la Transición cerró en falso, con un pacto de silencio, la herida abierta en el país por la represión franquista no solo durante la guerra, sino también por la llevada a cabo en los años inmediatamente anteriores (y posteriores) a la muerte del dictador.

El intento de recuperar la memoria de los represaliados por el franquismo ha movilizado a personas encuadradas en grupos de la extrema derecha, como Falange y Tradición, que han atacado monumentos alzados en recuerdo de las víctimas y han amenazado a cargos públicos navarros.

Hace escasos días, conocíamos la noticia de que el Tribunal Supremo había admitido a trámite una querella de Falange Española de las JONS contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la decisión de éste de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. La impunidad de organizaciones de extrema derecha que participaron directamente en el régimen franquista y en la violencia de los primeros años de la transición a la democracia nos ha conducido a una especie de mundo al revés, en el que el acusado se convierte en acusador y el juez en juzgado.

Algo ocurre en un país cuando organizaciones que nacieron ensalzando el papel de la violencia política, que participaron activamente en la dictadura y en la represión franquistas, que hicieron lo que hicieron durante los primeros años de la transición y que amenazan y actúan hoy en día como lo están haciendo pueden seguir actuando en política como si nada hubiera ocurrido.

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20090829_estatut_constituciEn estos inicios del siglo XXI pocos son los que cuestionan públicamente el Estado de derecho y la división de poderes y digo públicamente, porque en privado y en las cocinas de la política ocurre algo muy diferente. Con todo lo que ha llovido últimamente se me escapa una sonrisa cuando alguien me habla de la independencia de los poderes y, sobre todo, si se refieren a la independencia del poder judicial. Visto desde fuera (fuera de la política y fuera de Madrid), todo parece haberse convertido en un equilibrio de poder entre los dos grandes partidos estatales, cada vez más preocupados por la que para ellos es una excesiva influencia de las fuerzas nacionalistas en la política estatal. Resulta curioso que las mismas personas que reclaman solidaridad a los nacionalismos periféricos cuando se trata de financiación de las autonomías miren con desconfianza e incluso con repugnancia a los partidos catalanes y vascos cuando estos, en un ejercicio de solidaridad, quieren participar en la toma de decisiones en Madrid.

Resulta complicado sentirse cómodo en un Estado que siempre encuentra dificultades a la hora de reconocer las distintas realidades que lo integran y que algunos sentimos como nacionales. El empeño de los distintos gobiernos de Madrid, tanto del PSOE como del PP, ha sido el de diluir las diferencias cualitativas que existen entre las comunidades históricas (Euskadi y Navarra, Cataluña, Galicia) y el resto del territorio del Estado. Estas diferencias históricas, culturales, identitarias son las que plasmó la Constitución de 1978 a la hora de establecer dos vías de acceso a la autonomía y a la hora de fijar dos niveles competenciales distintos. Aplicando la estrechez de miras de algunos, no sería descabellado pensar que la reciente reforma del Estatuto Valenciano, en el que una disposición adicional (conocida como cláusula Camps) habla de que será competencia valenciana todo lo que se transfiera a otras comunidades, es también inconstitucional, ya que va contra el espíritu y la letra de la Carta Magna, pero sin embargo Valencia no genera el mismo nivel de polémica que Euskadi o Cataluña.

La propuesta planteada desde el País Vasco no fue ni tan siquiera debatida en las Cortes con la siempre útil excusa de la violencia terrorista. En Cataluña el Estatuto fue debatido y se aprobó un texto. Cuando la propuesta de Estatuto llegó a Madrid fue recortada de forma importante. No se aprobó lo que decidió Cataluña (como dijo Zapatero que haría), pero al menos se acordó una reforma del Estatuto. Un texto, aprobado por 120 miembros del Parlamento de Cataluña (frente a solo 15 votos en contra, del PP), aprobado por el Congreso y el Senado (tan solo con el voto en contra del PP y una errática posición que terminaría en la abstención de ERC), aprobado en referéndum por el pueblo catalán con un 73,90 % de los votos a favor, pero cuestionado en Madrid desde el principio.

Tras tres largos años en los que España no se ha roto, a pesar de los gritos apocalípticos del PP, parece que el Tribunal Constitucional está cerca de emitir una sentencia sobre la inconstitucionalidad del Estatut. Es posible que la sentencia sea negativa, al menos es lo que se deduce de las declaraciones de unos y otros en los últimos días. Si así fuera, estaríamos ante un NO jurídico a un acuerdo político y soberano no solo de una Comunidad, sino de las propias Cortes, representantes de la soberanía popular de todos los españoles. Si llegara el tan temido NO del Constitucional, el Estatuto catalán, tal y como está redactado, no tendría cabida en la actual Constitución, tal y como está redactada. Ya hay quien, empezando por el propio Zapatero, se ha adelantado a advertir que no habrá reforma constitucional, pero lo cierto es que es la única solución posible si es que se quiere respetar un acuerdo adoptado por las Cortes y crear un marco de convivencia en el que no sólo los nacionalistas españoles se sientan cómodos. La lealtad es algo que siempre se reclama a los nacionalismos periféricos, pero que parece que no están dispuestos a cumplir los nacionalismos centralistas: ni el nacionalismo de derechas del PP, ni el de izquierdas del PSOE. De eso en Navarra sabemos mucho.

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20090629_PSNTras la muerte de Franco y con la llegada de la transición a la democracia, en Navarra como en otros lugares se comenzó a hablar sobre el problema de la identidad y sobre la manera en que quedaría Navarra en el marco de la nueva España de las autonomías. El socialismo navarro, entonces en el Partido Socialista de Euskadi, llegó a un acuerdo con el PNV y otras fuerzas como ESEI en torno a la cuestión autonómica.

Al margen de la formulación concreta de los acuerdos (lista conjunta al Senado en las elecciones de 1977 con Manuel de Irujo a la cabeza, acuerdo autonómico…), lo que resulta realmente importante es que los socialistas, fruto de la convivencia en el exilio con fuerzas nacionalistas y de izquierdas, perseguidas por el franquismo, creyeron que ese era su espacio político natural a la hora de llegar a acuerdos.

Los dos años siguientes fueron claves para la configuración de un nuevo espacio político navarro. Por un lado, fruto del desacuerdo sobre el consenso alcanzado por UCD, PSOE y PNV acerca de la inclusión de la Disposición Transitoria Cuarta en la Constitución, en 1978 nació UPN, recogiendo el sector político más tradicionalista, agrupado hasta entonces en torno a Alianza Foral Navarra. UPN se haría con el espacio y el discurso dejado por la saliente Diputación Foral de Navarra de Amadeo Marco, democratizada en las elecciones de abril de 1979. Por otro lado, el socialismo navarro inició en 1978 y 1979 un giro hacia posiciones bien distintas de las defendidas hasta ese momento llegando al consenso en torno al Amejoramiento del Fuero y, poco después, acordando con UPN y UCD la retirada de la ikurriña del balcón de los ayuntamientos navarros. El giro concluiría con el nacimiento del PSN, desligado ya del PSE.

En este giro fue importante la llegada al partido de personas como Gabriel Urralburu o Víctor Manuel Arbeloa. Sin embargo, más allá de la apuesta de unos líderes políticos, el PSN buscó ya entonces el reparto del pastel del navarrismo, patrimonio casi exclusivo de UPN gracias a la crisis cada vez más profunda de la UCD que terminaría con su desaparición a principios de los 80.

Desde finales de los 70, el PSN ha preferido apostar por el espacio político del navarrismo, alejándose de la posibilidad de acuerdos con los nacionalistas, lejos ya los años de entendimiento en el exilio. Cuando en el PSN estallaron los casos de corrupción que todos recordamos y llegaron los años de retroceso elección tras elección, el PSN decidió seguirle el juego a UPN con acuerdos presupuestarios hasta que los regionalistas lograron la mayoría absoluta. El PSN, en su apuesta por el navarrismo y el voto de centro se había convertido en una mala copia de UPN y el electorado de izquierdas y republicano, importante en muchos lugares de la Ribera, no logró entender que el partido de sus padres y abuelos estuviera apoyando a quienes ellos veían como los representantes de los vencedores en la guerra civil.

En las elecciones de 2007 pareció que había llegado nuevamente el momento del entendimiento entre socialistas y nacionalistas, recomponiendo aquel primer pacto de la transición en Navarra, pero PSN y PSOE no se atrevieron y prefirieron volver a apoyar a UPN, excusándose en la supuesta excepcionalidad navarra, aquello que algunos llaman “cuestión de Estado” y que visto lo ocurrido casi pudieran llegar a tener razón.

Sin embargo, el dilema del PSN no ha concluido y es que no tiene fácil solución. Se ha hablado mucho de las dos almas del PNV, pero bien podría afirmarse algo parecido del PSN (más escorado en este caso hacia su alma navarrista, bien es cierto).

Parece que el socialismo navarro estaba convencido de que jugando la carta de la gobernabilidad y forzando la ruptura de UPN y PP se les ponía en bandeja el papel de primera fuerza en Navarra en las elecciones europeas del 7-J. El resultado ha supuesto un duro golpe para un PSN que sigue perdiendo espacio político y que ve cómo se acercan las elecciones forales de 2011 en una posición de debilidad y teniéndose que enfrentar a una candidata regionalista, Yolanda Barcina, con un importante tirón electoral y más partidaria de llegar a acuerdos con el PPN que con el PSN.

El PSN no resulta un partido creíble en Navarra y no son pocos los que, tras votar PSOE en las generales, eligen otras opciones en las forales: NaBai quienes están cansados de tantos años de gobierno del rancio nacionalismo español y del antivasquismo de los regionalistas, y UPN quienes no se fían de lo que pueda hacer el PSN en su nerviosismo y urgencia por volver a gobernar con el liderazgo de personas de escaso curriculum, por así decir. El ridículo que están haciendo en Pamplona con la amenaza de reprobación a la alcaldesa lo único que está consiguiendo es reforzar la imagen de Yolanda Barcina y demostrar la falta de discurso propio de los socialistas.

Una cosa está clara: el PSN tiene poco que hacer mientras siga por la senda de la colaboración con UPN. Los resultados electorales son más que evidentes. Todos nos hemos dado cuenta, salvo el PSN, al parecer.

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psoe

Recuerdo todavía con gran viveza la sensación de alivio incluso físico, como si me hubieran quitado un peso de encima, el día de la derrota de Aznar en las elecciones de marzo del año 2004. No sé cómo se habría sentido ese día en otros lugares del Estado, pero esa sensación de haber abierto las ventanas en una habitación cargada de un ambiente opresivo y gris se vivió con fuerza en la CAV y Navarra y no creo equivocarme al afirmar que también, al menos, en Cataluña y Galicia.

Con la derrota de Aznar se ponía fin a un período de gobierno en mayoría absoluta de un ultra nacionalismo español que acosó a cualquiera que tuviera y se atreviera a defender una imagen de España distinta a la enarbolada como un arma por el centralismo aznarista. La presión a la que se sometió al nacionalismo vasco fue tal que a muchos les recordó tiempos pasados que creían olvidados para siempre.

Algo de esto debió ocurrir más allá de apreciaciones personales y subjetivas. El primer Gobierno Zapatero planteó importantes reformas constitucionales y estatutarias para actualizar la España de las Autonomías a las nuevas necesidades del siglo XXI, reforzando el papel de las regiones y de las nacionalidades, de las que incluso se llegó a hablar como naciones. El centralismo y ultra nacionalismo español defendido por el PP no solo había conseguido dejar aislado al partido liderado ya por Mariano Rajoy, sino que además había logrado “manchar” y “contaminar” la defensa de un centralismo español (entendido por el PP de Aznar como una lucha contra los nacionalismos periféricos) como lo hiciera años atrás el franquismo (que contaminó e hizo políticamente incorrectas durante décadas muchas de las señas de identidad del nacionalismo español).

Ese intento de una segunda transición (imagen lanzada por Aznar y de la que se apropió Zapatero dándole un sentido claramente distinto) tuvo un coste político importante para el PSOE que no supo aguantar la presión de la dura oposición del PP y comenzó un giro al centro, alejándose del entendimiento con las fuerzas nacionalistas, ya fuese en el gobierno de Madrid o en las distintas comunidades autónomas. El discurso del PSOE, más motivado por rendimientos electorales que por una convicción sólida acerca de la idea de España y de su relación con las naciones vasca, catalana y gallega, no resistió el envite del nacionalismo español fácil, simplón y populista esgrimido por el PP y resumido en la frase de “España se rompe” (ya saben, España, antes roja que rota).

El caso de Navarra es una clara muestra de ello. Desoyendo la clara voluntad de cambio manifestada en las urnas el 27 de mayo de 2007 en los comicios de mayor participación de la historia de la democracia en Navarra, el PSN, obligado por el PSOE, decidió mantener a UPN en el gobierno foral. La apuesta por defender identidades plurales, la necesidad de airear el cargado ambiente foral, todo quedaba en un segundo plano ante el coste electoral de un posible pacto del PSN con el nacionalismo vasco en Navarra.

Tras la segunda victoria de Zapatero en 2008 las reformas constitucionales y estatutarias pasaron a dormir el sueño de los justos. Al margen de las dificultades generadas por la crisis económica, los resultados de las elecciones gallegas y vascas y la gestión posterior de esas dos derrotas electorales han reducido el margen de maniobra de un PSOE que no hace sino perder apoyos parlamentarios. El Gobierno de Zapatero ha conseguido un récord en su gestión política, pasando de contar con el apoyo o el voto de confianza de todos (menos el PP) a estar prácticamente aislado.

La crisis de Gobierno ha sido un paso más en ese viaje al centro (geográfico y no político en este caso) del PSOE al nombrar a Manuel Chaves Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial y encargarle la coordinación autonómica para lograr una mayor cohesión de las regiones de España. Abandonada la segunda transición, habrá que ver si el PSOE no se encamina hacia una segunda LOAPA coordinada por la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y con las nacionalidades históricas controladas por primera vez en la historia por partidos de obediencia central.

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lopez_estatuto3Un reciente artículo publicado en la prensa por Pedro Pegenaute, actual Director General de Administración Local del Gobierno de Navarra, me ha llamado la atención y me ha hecho repensar sobre una vieja polémica que creía olvidada y enterrada: la relativa al art. 47.2 del Estatuto Vasco.

Durante la transición a la democracia, a lo largo de 1977 y 1978 se debatió la posible incorporación de Navarra a la naciente Comunidad Autónoma Vasca, entonces todavía CGPV (Consejo General del País Vasco). A la altura de noviembre de 1977 se quería aprobar el preautonómico vasco (y el catalán y gallego) para devolver un cierto autogobierno antes de la aprobación incluso de la Constitución a las regiones que durante la Segunda República habían plebiscitado y aprobado un Estatuto de Autonomía. El Acuerdo al que llegaron el Ministro para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, y la Asamblea de Parlamentarios Vascos (incluidos los navarros, aunque los representantes de la UCD nunca acudieran) recogía el derecho de cada una de las cuatro provincias (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra) a decidir libremente su plena incorporación al Consejo Vasco.

El Acuerdo provocó reacciones inmediatas y la UCD de Navarra forzó la renegociación del mismo entre el Gobierno de Madrid y la Asamblea de Parlamentarios Navarros. A partir de ese momento, la UCD de Navarra se dedicó a tratar de conseguir que la posible incorporación de Navarra a Euskadi fuese algo más parecido a una carrera de obstáculo que a proceso político.

Las negociaciones entre el Ministerio y la Asamblea de Parlamentarios Navarros dieron como resultado el Real Decreto 2/1978, apoyado por todas las fuerzas navarras con representación en Cortes (UCD, PSOE y PNV). Este Decreto es el que, se convertiría, a la postre, en la Disposición Transitoria Cuarta, fuente de importantes polémicas dentro de la UCD de Navarra. De hecho, la aprobación de dicha Disposición en la Carta Magna sería el motivo del nacimiento de UPN, como escisión de la UCD para pedir el NO a la Constitución de 1978.

Pero la cuestión aún daría lugar a otra nueva polémica, en 1979, no de la misma trascendencia, pero que marcaría la salida de la UCD de un diputado, Pedro Pegenaute, y un senador, José Luis Monge. El desacuerdo se centró en esta ocasión en el artículo 47.2 del Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Vasco, que regulaba el referéndum para la modificación del Estatuto en caso de que Navarra se incorporase a Euskadi. El recuento del resultado se haría en una única circunscripción que englobaría a los 4 territorios. La UCD de Navarra quería que el nuevo Estatuto se aprobara en Navarra por separado. En plena recta final de las negociaciones entre Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea, a finales de noviembre de 1979 la prensa publicaba unas declaraciones de Pedro Pegenaute en este sentido. El entonces diputado fue desautorizado por la dirección nacional de su partido. Poco después Monge y Pegenaute salían de UCD e iniciaban una andadura política de escasos éxitos pasando por Convergencia Navarra, AP-PDP-UL o el Partido Moderado. Pegenaute aún sería rescatado por Miguel Sanz para dirigir la ofensiva navarrista orquestada por el Gobierno de Navarra contra el euskera desde el año 2000.

30 años después de aquellas polémicas de la transición parece que algunos de sus protagonistas quieren aprovechar el inminente cambio de Gobierno en el País Vasco no para pensar en el futuro y posibilitar ese previsible cambio de rumbo que algunos ven con buenos ojos como un modo de consolidar el marco estatutario y constitucional supuestamente desdeñado por el nacionalismo vasco. Hay quien está pensando más bien en saldar viejas cuentas, antiguas anotaciones en la columna del debe que algunos no quieren perdonar al hacer balance de sus trayectorias políticas.

Con todo, la intentona puede tener un cierto interés para el ciudadano preocupado por el devenir de la política en esta tierra nuestra y no carece de una buena dosis de ironía. Tal vez sea interesante contemplar si el cambio de Gobierno en el País Vasco supone un cambio de sentido en las “injerencias políticas” para ser ahora Navarra la que interfiera en cuestiones de la CAV y no al revés. Puede ser un efecto colateral no previsto por el próximo gobierno de Patxi López. El tiempo lo dirá.

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