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Garzón

garzonAnda la progresía oficial española indignada con la imputación de Garzón. El sindicato Manos Limpias, el mismo que llevó al banquillo hace escasos meses a varios políticos vascos (Ibarretxe, Patxi López, Arnaldo Otegi, entre otros) por tener la ocurrencia de… ¡DIALOGAR!, ha conseguido que el juez estrella tenga que pasar por el trance de acudir como imputado al Tribunal Supremo. ¿La causa? Pretender investigar los crímenes del bando franquista.

Sin negar que resulta obsceno que la única persona que, hasta la fecha, haya tenido que pasar por el juzgado por los miles de sanguinarios crímenes cometidos durante esos oscuros años sea el juez que pretendía investigarlos, sí me parece llamativa la doble vara de medir de los medios que ahora se muestran tan indignados. Estoy cansado de oír hablar de respeto a las decisiones de los jueces cuando los implicados son otros, para comprobar que, cuando los suyos son los afectados por esta “justicia” de pandereta, el enfado salta hasta extremos insospechados. Por poner un ejemplo reciente, ningún gran medio de comunicación español ha mostrado la más mínima indignación ante los cuatro años de prisión preventiva que se ha tenido que tragar Rufi Etxeberria acusado de nada (y su caso es sólo un botón de muestra), pero los supuestos garantes del Estado de Derecho se rasgan las vestiduras cuando les toca a ellos sufrir el acoso del poder judicial. Los “otros” –especialmente si son vascos- son siempre presuntos culpables, pero ellos deben ser merecedores del más exquisito trato y la presunción de inocencia tiene que predominar.

No voy a descubrir nada nuevo si afirmo que, en España, la independencia judicial se queda en una bonita idea para que los alumnos la lean en los libros de texto, pero que no va más allá de eso, una bonita idea. Sin embargo, asumiendo (por la fuerza de los hechos) que la propia forma de elección del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial lleva a una división tácita entre jueces “progresistas” y “conservadores” (y ya es duro tener que asumir el hecho de que los ciudadanos sepamos qué va a votar cada juez, en función de quién le puso en su puesto), me resulta de un cinismo insoportable que aquellos que, como Garzón, estén jugando con la vida y la libertad de los demás con absoluta impunidad (basándose en impresiones o indicios más que en pruebas), pretendan ampararse en el Estado de Derecho y lloren amargamente cuando gente que, como Manos Limpias, tampoco cree en el sistema democrático, la pluralidad de ideas ni la independencia judicial, se lleva el gato al agua. ¡Ellos están contribuyendo, cuando les interesa, a alimentar a ese monstruo, así que no se deben extrañar cuando les muerda!

¿Dónde estaba Garzón cuando la sala de la Audiencia Nacional que venía varios años echando por tierra sus disparatadas teorías sobre el “entorno” de ETA, fue renovada y sus jueces trasladados? (creo que era la número 3) Sinceramente, creo que dirigiendo los hilos de la trampa judicial-mediática que se les tendió y, posteriormente, celebrándolo. Lo cierto es que esos jueces dejaron en libertad a un narcotraficante, basándose en los informes psicológicos sobre éste que llegaron a sus manos. Tras el correspondiente escándalo mediático –por supuesto, preparado de antemano- se apartó a esos jueces de esa sala, para no volver allí. No recibieron mayor castigo, al igual que no lo ha hecho el propio Garzón cuando, por sus errores, delincuentes quedaron en libertad, pero el mal ya estaba hecho y el camino a la impunidad y arbitrariedad judicial despejado. Desde entonces, la realidad es que ni esa sala -que sistemáticamente desestimaba los argumentos de Garzón al exigirle algo más que “convicciones morales” para encarcelar a diestro y siniestro- ni ninguna otra sala de la Audiencia Nacional, han puesto impedimento alguno a sus cacerías.

Nunca estaré con gente como los que forman Manos Limpias, que repudian, como he dicho, el sistema democrático en el que realmente creo, pero todavía me fastidia más el cinismo de esos supuestos defensores del Estado de Derecho, las libertades públicas y la independencia de los tres poderes, que sólo lo hacen cuando les interesa. Estos últimos hacen más daño que los primeros a aquello que dicen defender, ya que –mientras que actuaciones como la de Manos Limpias hacen que la mayoría de los ciudadanos nos mostremos alerta ante este tipo de actitudes anti-democráticas- lo que en la práctica los cínicos que escriben bonitas editoriales en El País o hablan de libertad en la Ser están haciendo es pervertir el sistema democrático, de modo más sibilino y disimulado, pero precisamente por ello más eficaz y difícil de detectar.

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El próximo día diecisiete de septiembre tendrá lugar el juicio a varios miembros de Iruñerria Piztera Goaz! por una acción de desobediencia civil llevada a cabo en mayo de 2007, mediante la cual se quería apoyar a los gaztetxes de Iruñerria. La petición fiscal es de dos años y medio de cárcel para cada uno de ellos por una sentada totalmente pacífica, a consecuencia de la cual se produjo un pequeño atasco en varias calles de Pamplona. Repetidamente hemos escuchado a los imputados comparar este atasco con el que cada dos semanas tiene lugar en las inmediaciones del estadio del Sadar, perdón, Reyno de Navarra (a cambio de 1,5 millones de euros que nuestro austero Gobierno de Navarra aporta anualmente para el dichoso cambio de nombre, qué menos que nombrarlo bien).

El juicio se iba a llevar a cabo a principios de año y fue pospuesto, en lo que considero un castigo añadido a los imputados, puesto que la incertidumbre suele convertirse en la peor enemiga para los afectados. Además, las autoridades “¿competentes?” han prohibido de manera totalmente arbitraria varios actos de apoyo, como una manifestación prevista para el viernes once de septiembre, a las 19 h.

Este acoso sin cuartel a unas personas que se enfrentan a un riesgo cierto de recibir un castigo totalmente desproporcionado con respecto al delito cometido, forma parte del abc del “manual torpe de tratamiento” a la desobediencia civil. El objetivo de la misma es llamar la atención sobre la injusticia del sistema. Para lograrlo, los activistas llevan a cabo actos pacíficos y públicos –además de probablemente contrarios a la ley vigente–, estando dispuestos a recibir el castigo correspondiente, precisamente para mostrar la injusticia del sistema que se persigue modificar. Así, la sociedad debería recibir con escándalo esa situación de injusticia, multiplicándose la sensación de desprestigio de las instituciones y, por lo tanto, acercando a gran parte de la sociedad el objetivo último de los activistas: llevar a cabo un cambio en las estructuras sociales, políticas, económicas o judiciales. Coloquialmente se la conoce como el “ángel en la cárcel”. Obviamente, esta teoría está pensada para sociedades menos adormecidas que la nuestra, donde últimamente comulgamos con ruedas de molino día sí y día también.

En nuestro entorno más cercano, todos conocemos casos como el de los Solidarios con Itoiz, insumisos o diversos colectivos ecologistas (las actuaciones de Greenpeace son siempre espectaculares), que han puesto encima de la mesa diversas reivindicaciones, en muchos de los casos con un éxito innegable en cuanto a concienciación social. A nivel internacional, me vienen a la memoria figuras como Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King e incluso –que no se me enfade alguno– Jesucristo, como grandes figuras de la resistencia pública no violenta frente al represor.

En cuanto al caso que nos ocupa, la derecha mediática sigue empeñada en –como en tantas ocasiones– criminalizar a todo el movimiento mediante un “totum revolutum” que le permite vincularlo a la violencia a través, cómo no, de la izquierda abertzale histórica. En esta comunidad tan propensa a caer en planteamientos maniqueos del tipo “buenos vs malos”, este tipo de trampas tiene bastante éxito, y si bien lo cierto es que la existencia de distintas expresiones de violencia no ayuda en nada a distinguir los matices, nunca debemos olvidar que lo que se deben juzgar son unos hechos concretos realizados por personas que, independientemente de sus cercanías políticas, se supone cuentan con sus derechos como ciudadanos intactos. Sin embargo, en estos casos en que los acusados son considerados por amplios sectores sociales como parte de “los violentos”, la pasividad social es enorme, muestra sin duda del hartazgo que la violencia provoca en la sociedad y la creciente deshumanización hacia el prójimo existente, así como del mencionado adormecimiento social que, precisamente, Piztera Goaz! trata de evitar.

No creo que el hecho de que la injusticia en esta ocasión la sufran esos “malos oficiales” de los que tanto nos habla la propaganda oficial deba ser excusa para permanecer impávidos ante una vulneración de derechos que, además de arruinar la vida de personas con familias, amigos y proyectos tan legítimos como cualquiera, hace que este sistema pierda todavía un poco más de credibilidad, si es que –al menos en lo tocante a Euskal Herria– todavía le queda algo que perder.
Giraldillabidon[1]

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