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Posts Tagged ‘Democracia’

Democracia y popular son dos conceptos muy queridos por la Izquierda Abertzale Oficial, pero es evidente que lo que ellos entienden cuando los mencionan en su discurso político poco o nada tienen que ver con lo que interpretamos los demás. Es más, me atrevería a decir que poco o nada tienen que ver con ninguno de los distintos significados de esas palabras.

Son y han sido constantes las denuncias de Batasuna al sistema político vigente despreciándolo como un sistema antidemocrático o que no garantiza ni tan siquiera las reglas básicas de una democracia. Cuando lo hacen no se refieren exclusivamente a la reciente Ley de Partidos y a su ilegalización. Las denuncias vienen de antiguo, de tiempos de la transición y responden fundamentalmente al hecho de que su particular proyecto político no fuera aceptado por la mayoría de la sociedad y la clase política.

Para la Izquierda Abertzale Oficial nada que sea distinto de lo que ellos defienden y propugnan puede ser realmente democrático. Ellos, vanguardia del pueblo vasco (aunque nunca hayan preguntado al pueblo vasco si quiere que ellos sean su vanguardia) tienen la propiedad exclusiva de una suerte de label de calidad que da el visto bueno de lo que es democrático o no.

Ellos creen ser los únicos que tienen las claves necesarias para interpretar la verdadera voluntad del pueblo vasco y cuando esa supuesta voluntad no es aceptada por todos los demás como si de una verdad suprema y revelada se tratara nada de lo que resulte podrá ser democrático. La Democracia no es para ellos el libre ejercicio y desarrollo de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, sino la recta, constante y unidireccional manifestación de esa extraña, oculta y hasta cabalística voluntad vasca que sólo ellos conocen. E, insisto, estas críticas al sistema no tienen nada que ver con la actual situación, ya que cuando podían presentarse a las elecciones (y decidían participar o no según les vienera en gana) también decían lo mismo.

Algo parecido ocurre cuando hablan de lo popular, de los movimientos populares o de las iniciativas populares, etc. Para que algo sea popular el requisito fundamental no es que responda a las preocupaciones de un sector importante o mayoritario de la sociedad; tampoco lo es que sea algo querido o impulsado por sectores desfavorecidos (populares) de la sociedad; desde su punto de vista, algo es popular única y exclusivamente cuando ellos están presentes y con su presencia lo hacen popular o, mejor dicho, cuando ellos son los que lo controlan. En el mismo momento en que pierden el control de una organización, actividad, propuesta o movimiento, éste deja de ser popular para convertirse en una parte más del sistema contra el que hay que luchar.

En definitiva, la Izquierda Abertzale Oficial sigue inmersa en el universo simbólico y en la cultura política antidemocrática de las llamadas “democracias populares” que eran democráticas y populares porque así lo había decidido una pequeña minoría (que se veía a sí misma como la vanguardia, aunque tampoco preguntara nunca al respecto) ejerciendo toda la violencia tanto verbal como física que fuese necesaria contra quien se le ocurriera opinar de forma distinta.

Es triste y lamentable que alguien tenga tan poca capacidad de autocrítica como para seguir los pasos de las grandes dictaduras comunistas y todavía es peor que sigan engañando a quien conoce la violenta historia del siglo XX. Esperemos que nadie esté pensando en ellos a la hora de conformar una alternativa, ya que si alguien ataca el derecho a decidir esa es precisamente la Izquierda Abertzale Oficial.

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20091113_Estado_derechoLa postura política asumida por algunas fuerzas al respecto de la dramática situación que están viviendo los marineros del Alakrana, secuestrados por piratas somalíes me ha dado qué pensar, especialmente después de haber escuchado ayer las palabras pronunciadas por el representante de UPyD en el Parlamento Vasco sobre el reconocimiento que algunas personas merecían por no ceder al chantaje del terrorismo.

Está claro que la cuestión de la violencia y del uso de la violencia en la defensa de ideas políticas pone a prueba las bases mismas de un Estado de derecho y las convicciones democráticas de la ciudadanía. La tentación de rebasar los límites de la Ley a la hora de luchar contra el terrorismo ha sido una constante en todos los países afectados por la violencia terrorista. En España el GAL es una buena prueba de ello. Por otro lado, la sociedad, cansada, enfadada e indignada por el dolor provocado por la violencia terrorista, tiende a mirar hacia otro lado cuando el Estado decide actuaciones que aun siendo legales pueden ser muy poco justas.

Sólo de esta manera se puede entender la escasa preocupación social que provocó el hecho de que empresas como Azkoyen o los cocineros Arzak y Subijana fueran llevados ante la justicia tras ser acusados por un presunto miembro de ETA de haber pagado el llamado impuesto revolucionario. Y sólo de esta manera se entiende que la postura de la opinión pública y de los partidos políticos y la propia Justicia al respecto de lo que está ocurriendo con el secuestro del Alakrana sea tan distinta.

Estos días estamos viendo cómo se están forzando los límites del Estado de derecho, buscando una salida para poder liberar a dos piratas capturados in fraganti cuando se llevaban parte del botín del Alakrana. Existe un consenso general al respecto no sólo de que se debe pagar el rescate, sino que además se está haciendo cierta ingeniería jurídica para poder soltar a los piratas a pesar de los pesares. Es más, el PP y otros partidos están con el cuchillo en los dientes, esperando que todo se resuelva para lanzarse a la yugular del PSOE, de Garzón y de todos aquellos que les han hecho pasar un mal rato con el tema del caso Gürtel, haciéndoles responsables de haber cometido el error de detener y enjuiciar a unos presuntos criminales.

No se me entienda mal. No pretendo decir que la violencia terrorista de ETA y la ejercida por los piratas somalíes sean lo mismo. Pero en definitiva, habrá que reconocer, si finalmente se hace, que se está cediendo al chantaje de un grupo armado, pirata o terrorista poco importa. No seré yo quien se oponga al pago del rescate y a la liberación de los dos piratas. Lo importante es la vida de los pescadores. Lo que ocurre es que es un poco sonrojante, desde mi punto de vista, que los mismos que defienden esta postura, criticando duramente la labor del PSOE y de algún juez, hicieran palmas con las orejas cuando se procesaba a algunos vascos por haber pagado, presuntamente, el llamado impuesto revolucionario. ¿O tal vez piensan pedir ahora el procesamiento de todos aquellos que participen en el pago del rescate y la liberación de los piratas?

En este contexto, las palabras de ayer del parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, tal vez sean, cuando menos, un tanto inoportunas al mostrar evidentes y profundas contradicciones.

Algo chirría en todo esto, ¿o sólo me lo parece a mí? No pretendo enjuiciar actuaciones de unos y otros, simplemente considero que es algo sobre lo que merecería la pena reflexionar.

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Si no fuera por las consecuencias que ha traído la última Garzonada uno se podría tomar a risa algunas de las cosas que ha leído en prensa. Pero la detención de 10 personas, su incomunicación durante días y la decisión de encarcelar a 5 de ellos tiene la suficiente gravedad como para no hacer chistes.
La defensa de que todas las ideas tienen derecho a ser expresadas y a ser defendidas y la ciudadanía refrendará, o no, libremente la viabilidad de los diferentes proyectos políticos debería ser uno de los motores de la democracia. También parece claro que en nuestra sociedad la vía más efectiva es la utilización exclusiva de las vías políticas para la defensa de los proyectos políticos y de su desarrollo.
Y creo no equivocarme al considerar que la mayoría de las personas que acudimos este sábado a la manifestación convocada en San Sebastián por la mayoría sindical fuimos con esa convicción. No es de recibo lo que está sucediendo en España. Se están pervirtiendo las instituciones y las leyes para beneficio de opciones políticas. En cuanto aparece una discrepancia se le acusa de connivencia con el terrorismo. Si alguien se abstiene en una votación de condena de un asesinato porque no comparte que esa condena vaya unida al apoyo incondicional a las fuerzas de seguridad del Estado se le pone en la picota. Y resulta ofensivo tener que escuchar esas acusaciones. Porque son dos cosas muy distintas. La actuación policial es necesaria para detener a los terroristas, pero no podemos olvidar que la legislación antiterrorista española (incomunicación, excepcionalidad…) ha abierto la puerta a denuncias de torturas y malos tratos, a la indefensión de los detenidos, a exigir al acusado a demostrar su inocencia cuando debería ser el sistema policial y el judicial el que debe demostrar la culpabilidad…
Además toda esta situación de ilegalizaciones, detenciones poco claras, difusa división de poderes también sirve a quienes deberían condenar la violencia de argumento para perpetuarse en sus posturas.
La manifestación del sábado quiso denunciar todas estas arbitrariedades y gritó silenciosamente por la defensa de la palabra, el derecho de reunión y el derecho de un pueblo a poder hacer realidad un proyecto sustentado por la mayoría social.
Pero tampoco debemos ser ingenuos porque en anteriores procesos de negociación que no concluyeron bien la frustración posterior ha quemado a mucha gente. Por eso también es necesario transmitir a ETA que la sociedad defiende los derechos políticos de todos pero desde la política y sin la utilización de la violencia. Una buena manera de mostrar inequívocamente esta postura sería que la mayoría sindical que convocó la manifestación en San Sebastián fuese igual de contundente ante una posible futura acción de la banda terrorista.

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El próximo día diecisiete de septiembre tendrá lugar el juicio a varios miembros de Iruñerria Piztera Goaz! por una acción de desobediencia civil llevada a cabo en mayo de 2007, mediante la cual se quería apoyar a los gaztetxes de Iruñerria. La petición fiscal es de dos años y medio de cárcel para cada uno de ellos por una sentada totalmente pacífica, a consecuencia de la cual se produjo un pequeño atasco en varias calles de Pamplona. Repetidamente hemos escuchado a los imputados comparar este atasco con el que cada dos semanas tiene lugar en las inmediaciones del estadio del Sadar, perdón, Reyno de Navarra (a cambio de 1,5 millones de euros que nuestro austero Gobierno de Navarra aporta anualmente para el dichoso cambio de nombre, qué menos que nombrarlo bien).

El juicio se iba a llevar a cabo a principios de año y fue pospuesto, en lo que considero un castigo añadido a los imputados, puesto que la incertidumbre suele convertirse en la peor enemiga para los afectados. Además, las autoridades “¿competentes?” han prohibido de manera totalmente arbitraria varios actos de apoyo, como una manifestación prevista para el viernes once de septiembre, a las 19 h.

Este acoso sin cuartel a unas personas que se enfrentan a un riesgo cierto de recibir un castigo totalmente desproporcionado con respecto al delito cometido, forma parte del abc del “manual torpe de tratamiento” a la desobediencia civil. El objetivo de la misma es llamar la atención sobre la injusticia del sistema. Para lograrlo, los activistas llevan a cabo actos pacíficos y públicos –además de probablemente contrarios a la ley vigente–, estando dispuestos a recibir el castigo correspondiente, precisamente para mostrar la injusticia del sistema que se persigue modificar. Así, la sociedad debería recibir con escándalo esa situación de injusticia, multiplicándose la sensación de desprestigio de las instituciones y, por lo tanto, acercando a gran parte de la sociedad el objetivo último de los activistas: llevar a cabo un cambio en las estructuras sociales, políticas, económicas o judiciales. Coloquialmente se la conoce como el “ángel en la cárcel”. Obviamente, esta teoría está pensada para sociedades menos adormecidas que la nuestra, donde últimamente comulgamos con ruedas de molino día sí y día también.

En nuestro entorno más cercano, todos conocemos casos como el de los Solidarios con Itoiz, insumisos o diversos colectivos ecologistas (las actuaciones de Greenpeace son siempre espectaculares), que han puesto encima de la mesa diversas reivindicaciones, en muchos de los casos con un éxito innegable en cuanto a concienciación social. A nivel internacional, me vienen a la memoria figuras como Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King e incluso –que no se me enfade alguno– Jesucristo, como grandes figuras de la resistencia pública no violenta frente al represor.

En cuanto al caso que nos ocupa, la derecha mediática sigue empeñada en –como en tantas ocasiones– criminalizar a todo el movimiento mediante un “totum revolutum” que le permite vincularlo a la violencia a través, cómo no, de la izquierda abertzale histórica. En esta comunidad tan propensa a caer en planteamientos maniqueos del tipo “buenos vs malos”, este tipo de trampas tiene bastante éxito, y si bien lo cierto es que la existencia de distintas expresiones de violencia no ayuda en nada a distinguir los matices, nunca debemos olvidar que lo que se deben juzgar son unos hechos concretos realizados por personas que, independientemente de sus cercanías políticas, se supone cuentan con sus derechos como ciudadanos intactos. Sin embargo, en estos casos en que los acusados son considerados por amplios sectores sociales como parte de “los violentos”, la pasividad social es enorme, muestra sin duda del hartazgo que la violencia provoca en la sociedad y la creciente deshumanización hacia el prójimo existente, así como del mencionado adormecimiento social que, precisamente, Piztera Goaz! trata de evitar.

No creo que el hecho de que la injusticia en esta ocasión la sufran esos “malos oficiales” de los que tanto nos habla la propaganda oficial deba ser excusa para permanecer impávidos ante una vulneración de derechos que, además de arruinar la vida de personas con familias, amigos y proyectos tan legítimos como cualquiera, hace que este sistema pierda todavía un poco más de credibilidad, si es que –al menos en lo tocante a Euskal Herria– todavía le queda algo que perder.
Giraldillabidon[1]

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En este mundo donde cada vez es más importante la imagen para vender toda clase de productos, la clase política ha sido –hace ya muchos años- una de las primeras en darse cuenta de la importancia que aquélla tiene. Claro que la mayoría de empresas y entidades financieras les llevan mucha ventaja (impagable fue la campaña de Caja Navarra presentando la nueva “revolución”), pero -sin llegar a los shows que organizan en Estados Unidos, donde cualquier campaña se asemeja a un gran espectáculo o un macroconcierto- en nuestro entorno se cuidan cada vez más esos detalles de marketing que, según los expertos, pueden llevar a ganar o perder elecciones. Me parece bien que los principales políticos cuiden su imagen pública, aunque a veces no sean muy creíbles (sobre todo cuando tratan de hacerse los graciosos, ahí la sensación de vergüenza ajena es irremediable). También es legítimo que se recurra a todo tipo de “trucos”, como el de ser avisados en los mítines del momento en que las televisiones conectan en directo, para llevar el discurso a puntos preestablecidos, de forma que los minutos estrella coincidan con el mensaje que más se quiere publicitar (si bien además de legítimo, también me parece bastante superficial y frívolo). De igual modo, cada vez se potencia más el marketing a través de los nuevos medios de comunicación (y de hecho éste parece ser uno de los principales tantos que se anotó Obama en su campaña presidencial, al inundar a los estadounidenses mediante correos electrónicos). Todo esto, con sus matices, está muy bien si va respaldado por verdaderas y oportunas propuestas, y las campañas electorales no se convierten en meros escaparates donde los consumidores nos deleitamos con los “preciosos” modelos y embalajes que nos ofrecen, al igual que sucede con el resto de productos cotidianos de consumo.

Sin embargo, el hecho de vivir hoy en día en una permanente pre-campaña electoral, además de provocar el hartazgo y cansancio de los ciudadanos ante la saturación a la que nos someten los políticos, hace que nuestras autoridades se empeñen constantemente en aparecer ante la opinión pública como adalides de cualquier-cosa-que-esté-de-moda-o-nos-pueda-hacer-quedar-bien, olvidándose a menudo del verdadero (o teórico) fin para el que han sido elegidos, esto es, dedicarse a solucionar los problemas de los ciudadanos, y no sólo fingir que lo hacen y publicitarlo. Más pronto que tarde, aquél que sólo busca aparecer en la foto sin tratar de resolver los problemas de modo sincero y duradero queda en evidencia.

En las últimas semanas, me han llamado la atención tres hechos que vienen a confirmar mis sospechas de que muchos políticos no se creen del todo sus propias actuaciones, pero que cualquier cosa es bienvenida si les lleva a protagonizar una primera página:

La semana pasada, un potente medio de comunicación español lanzaba una campaña alertando de la situación de cierto barrio de Barcelona, donde la prostitución sin control ni pudor traía de cabeza a los vecinos. Como anteriormente se ha hecho en otras ciudades, a los dos días una macro-redada policial “solucionaba” el problema (como siempre, poniendo el foco en la parte más siniestra y poderosa, como son las pobres inmigrantes sin papeles que ejercen la prostitución), y las autoridades lucían cara dura en televisión anunciando su fin. Problema que, por supuesto, se reproducirá en otro barrio más temprano que tarde, tal y como ha sucedido en otras tantas ciudades.

Qué decir de la enorme campaña mediática, según la cual el nuevo Gobierno Vasco, en su empeño por achicar “espacios de impunidad” a los amigos de los terroristas, ha dado un paso más hacia el recorte de libertades y el establecimiento de un pensamiento único. Lo cierto es que se han exhibido más fotos de presos y pancartas que nunca (y cientos de personas identificadas o peligrosos actos como partidas de mus o triki-poteos prohibidos) pero la sensación que queda en España es la de que “a estos abertzales se les ha acabado el chollo”.

Lo del carril-bici en Pamplona sería de risa, si no fuera porque afecta a decenas de cicloturistas que ven con impotencia cómo sus intentos de utilizar el medio de transporte más ecológico existente en la actualidad chocan una y otra vez contra la demagogia y el cinismo de los “responsables” municipales. Con tal de salir en los medios de comunicación publicitando que en Pamplona existen no sé cuántas decenas de kilómetros de carril-bici, no tienen ningún reparo en pintar, en medio de una acera normal y corriente, unas líneas blancas discontinuas que se supone que deben delimitar algo. El resultado: hay zonas donde a uno de los lados de la línea delimitadora no queda espacio ni para un peatón (lógicamente, menos todavía para una bicicleta); supuestos “carriles-bici” que van a morir a un paso de cebra o carretera, sin ningún tipo de continuidad; enfrentamientos entre peatones y ciclistas… A modo de ejemplo, las aceras a ambos lados de la cuesta del Labrit son de traca, dignas de monumento o incluso calificación como ciudad europea de la cultura, a ver si el miedo a la vergüenza ajena remedia lo que la responsabilidad propia no hace…

carril_bici[1]

Una cosa tienen en común las tres actuaciones mencionadas: ninguna de ellas sirve absolutamente de nada para solucionar el problema preexistente. Así, nuestros responsables políticos se empeñan en hacer buena esa máxima de que un político piensa en las próximas elecciones, mientras que un estadista lo hace en la próxima generación. Me parece que si veo un estadista no lo sabré reconocer, por la falta de costumbre y ejemplos donde comparar…

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20090909_Obama_EducacionQue la educación no lo es todo en la formación de la opinión de las personas es más que evidente. De haber sido así, todos los nacidos antes de la muerte de Franco seríamos unos franquistas convencidos y no habría opiniones críticas con la Iglesia, responsable de la educación de muchos. Son múltiples las variables que influyen en la formación de la personalidad y de las convicciones políticas, éticas, religiosas o del tipo que sean. Evidentemente, las ideas que se comparten en casa, en la familia, explícita o implícitamente son un factor muy importante a ciertas edades. Algo después, la opinión de los amigos y de las parejas es otro elemento a tener en cuenta. Cada persona va consolidando y reforzando sus puntos de vista tomando datos e informaciones de aquí y de allá.

Con todo, la educación es una pieza clave en ese proceso. No es casual el desencuentro entre los dos grandes partidos estatales en esta materia, ni es un capricho que cada vez que hay alternancia en el Gobierno de Madrid se vuelva a reformar la Ley de Educación. Tampoco los programas de la televisión pública se libran de un enfoque u otro dependiendo de esa alternancia en la Moncloa. Es indudable que programas como Cuéntame o incluso Los Lunnis cambiaron algunos matices desde la llegada al poder de Zapatero.

Una de las últimas grandes polémicas se planteó en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La escasa calidad de los valores democráticos y de respeto a lo diferente que podemos ver en un amplio sector de la población española hace más que aconsejable una asignatura en que se eduque a ciudadanos. Al margen de las convicciones que cada cual pueda tener no puede ser interpretado como una imposición o como un lavado de cerebro el enseñar a respetar (no a compartir, sino a respetar) las creencias y opciones de los demás, de otros ciudadanos con los mismos derechos y deberes que nosotros, pero con opiniones, estilos de vida y creencias diferentes.

No soy ningún infeliz y sé también que es innegable el afán ideologizante del PSOE de los últimos tiempos. En realidad los socialistas en ocasiones lo que están haciendo no es sino emular a quienes critican y tratar de imponer una determinada y excluyente manera de entender la vida. Es lo que se desprende de algunas de sus últimas decisiones.

Sin embargo, lo preocupante en estos temas es la irracionalidad y visceralidad con que se acometen algunos debates. Estos días, en Estados Unidos se está generando una importante polémica en torno a la alocución de Obama a los escolares de Estados Unidos en el arranque del presente curso. Recordando en gran medida a la reacción de algunos contra la Educación para la Ciudadanía se ha acusado a Obama de hacer propaganda con los más pequeños y de querer “influir en las opiniones poco formadas de los menores”. Algunos centros ya habían anunciado que no emitirían el discurso del presidente de los Estados Unidos y hay padres y madres que han advertido de que no llevarán al colegio a sus hijos. Objeción de conciencia o boicot, todo con tal de no contaminar unas inocentes mentes con ideas extrañas.

Hay quien, por lo que parece, prefiere que sus hijos sólo oigan una opinión, la suya, la única verdadera, la única posible. Prefieren poner una venda ante los ojos de sus hijos, ponerles unas orejeras de modo que no se salgan de la senda correcta que ellos han decidido y les han marcado previamente. Es más, prefieren, por lo que parece, negarles la evidencia de la existencia de lo diferente, lo distinto para que no se sientan tentados por ello. Ese reduccionismo sólo genera incomprensión, desconocimiento e intolerancia, además de ser profundamente hipócrita, ya que lejos de educar, fomenta la ignorancia. La realidad es tozuda y por mucho que queramos negarla, salvo que nos encerremos en guetos y nos aislemos del mundo, vamos a convivir y entrar en contacto con personas muy diferentes a nosotros. Entender esa realidad plural y diversa y aprender a respetarla se consigue escuchando a los que piensan de un modo diferente, no negándoles la palabra.

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En las actuales sociedades democráticas, construidas sobre la base de estados de derecho y del bienestar, se parte de la premisa de que todos somos iguales ante la Ley, al menos en derechos y obligaciones. Se trata de una convención que nunca responde a la realidad, ya que nadie parte de una situación de igualdad de oportunidades a la hora de desarrollar sus capacidades y potencialidades. A nadie se le escapa que no es lo mismo nacer en un país europeo desarrollado o hacerlo en el Sur, en un estado subdesarrollado. El horizonte de posibilidades es cualitativamente distinto. Pero no hace falta irse tan lejos, ya que no es lo mismo nacer en el seno de una familia con posibles o sin ellos, dentro de la misma Comunidad. Sin embargo, la igualdad, por ficticia que sea, es una premisa necesaria hoy en día.

El Estado es el encargado de corregir esas desigualdades de partida con mayor o menor fortuna o con mayor o menor convicción, dependiendo de la fuerza política que gobierne en cada tiempo y lugar, mediante políticas de discriminación positiva o mediante la aplicación de impuestos que redistribuyan la riqueza y permitan que los menos favorecidos tengan mayores posibilidades.

A la hora de repartir el dinero de todos por medio de subvenciones la Administración está obligada a aplicar los principios de publicidad, competencia y transparencia, de modo que todos tengamos iguales posibilidades de acceder a una distribución justa de los recursos. A la hora de acceder a subvenciones por parte de los entes locales (Ayuntamientos, Concejos, Mancomunidades…), la Administración debería hacer unas convocatorias públicas sobre unas bases iguales para todos. El Gobierno, dependiendo de sus líneas políticas puede decidir dar más puntos por un criterio u otro, de modo que se priorice a poblaciones más pequeñas o más desfavorecidas por un motivo u otro. En dichos casos, todas las poblaciones que compartieran esa característica tendrían las mismas opciones. Se trata de una discriminación positiva, pero en un régimen de concurrencia y libre competencia.

20090531_singularidadesSin embargo, la Administración no siempre cumple con esa norma básica. Uno de los casos más claros en los que esta regla no se cumple no es otro que el de Pamplona, con su flamante Carta de capitalidad (aprobada mediante Ley en 1997), gracias a la que, para compensar por el supuesto sobreesfuerzo que debe suponer tener todos los servicios, a la vieja Iruñea le llegan todos los años por vía especial unos cuantos millones de euros (más de 22 en 2009, es decir, unos 3.700 millones de las antiguas pesetas). Se trata de una “singularidad cualitativa” respecto a otras entidades locales, en palabras de Yolanda Barcina hace algo más de un año en un foro del Partido Popular de Cantabria. Cualitativa sí, desde luego, pero sobre todo cuantitativa, diría yo.

Ese principio de capitalidad podría ser extrapolable, con las diferencias que se estimasen oportunas, a las capitales de merindad e incluso a las cabeceras de comarca que soportan servicios dirigidos no solo a sus habitantes, sino a también a ciudadanos de las localidades vecinas. Es más, se trata de casos en los que en muchas ocasiones no hay otros medios de financiación y los servicios terminan siendo mucho peores que los que podemos encontrar en la sacrificada Capital del Reino.

Sin embargo, no es la única “singularidad cualitativa y cuantitativa” creada por la Administración. En los mismos Presupuestos en los que se fija la cantidad a transferir a cada año a Pamplona por su esforzada capitalidad se establecen también partidas para acometer la construcción de centros de 0-3, pabellones polideportivos, etc., en determinadas localidades que, de esa manera, no tienen que concurrir en igualdad de oportunidades con sus vecinos por el limitado dinero público (más en estos años de crisis). Podríamos pensar que se trata de localidades desfavorecidas, donde tal vez un inexistente tejido industrial puede justificar esa excepcionalidad, pero nos equivocaríamos si así lo hiciéramos, ya que su única excepcionalidad es el signo político de sus dirigentes. El acuerdo entre UPN y PSN ha creado unas cuantas de estas “singularidades cualitativas” que podríamos fácilmente cuantificar y fijar sobre el mapa foral navarro. El resto vemos cómo no queda otra que acudir a unas convocatorias públicas de subvenciones sensiblemente reducidas y escuchar que son malos años para alegrías.

Debo reconocer que estas palabras surgen de quien ve con indignación el agravio comparativo que suponen unas medidas a todas luces injustas, pero también desde la convicción de que estas actuaciones van directamente contra los principios básicos que deberían regir una Administración.

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