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Posts Tagged ‘Cataluña’

Siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras. En este caso desde luego así es. Este Lipdub (Lipdub per la independència de Catalunya i la resta dels Països Catalans) consiguió colarse entre los récords mundiales por ser el que reunió a un mayor número de personas (5771 en total). Se grabó en Vic el 25 de octubre de 2010 y creo que es un bonito ejemplo.

Un lipdub es un vídeo para el que se escoge una canción popular, se diseña una coreografía fácil, se ensaya con los protagonistas y se busca que cada participante tenga un pequeño rol. Se sincronizan labios, gestos y movimientos y se empieza a grabar en vídeo en una sola toma, en plano secuencia.

Este lipdub me ha encantado porque simbólicamente reúne en un mismo soporte lo más innovador con todas las tradiciones y elementos identitarios con los que tantos catalanes se sienten identificados, y todo hecho desde el buen rollo y en sentido positivo.

Espero que os guste tanto como a mí.

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Es un lugar común en todos los análisis que uno lee sobre la situación actual el dar por hecho que Zapatero pactará con el PNV los próximos presupuestos a cambio de transferencias para Euskadi. Soy de los que opina que una negociación presupuestaria no es el lugar adecuado para cambiar cromos sobre competencias autonómicas por dignidad, en primer lugar, pero también por sentido práctico, por cómo contemplan ese mercadeo desde España y la imagen negativa que arroja sobre los llamados “nacionalismos periféricos”. Es triste tener que recurrir a una negociación presupuestaria para lograr que se aplique la Ley y que competencias que territorios como Euskadi deberían ejercitar desde hace 30 años sean por fin una realidad. Pero es más triste todavía comprobar que es imposible explicarle eso a una persona de fuera de Euskadi sin que piense que no eres sino un pedigüeño y un aprovechado o simplemente un “nacionalista de mierda”.

Es bastante frecuente escuchar a ciertas personas criticar las propuestas de reforma de los regímenes autonómicos en el estado español y cantar las alabanzas de la época de la transición a la democracia, cuando todo se hacía por un amplio consenso y gracias al acuerdo y buena voluntad de todos. Normalmente ese argumento se emplea para criticar a esos nacionalismos insaciables que no hacen otra cosa que pedir nuevas transferencias y mayores cotas de autogobierno aprovechando cualquier resquicio y cualquier momento de debilidad por parte del gobierno de turno en Madrid. Pero lo que no ven o no quieren ver esas mismas personas es que ha habido un histórico incumplimiento de ese supuesto espíritu de la transición que distinguía entre regiones y nacionalidades no cuantitativamente, por la cantidad de competencias que cada cual pudiera llegar a tener, sino, cualitativamente, por lo diferente de su conciencia identitaria e incluso por el distinto origen de sus competencias (como es el caso de Navarra y Euskadi, con sus derehos históricos y sus regímenes forales). Tampoco quieren ver esas mismas personas que tanto ensalzan la transición y la Constitución de 1978 que esa misma norma contiene artículos, como el 150.2 que permite a un Gobierno transferir competencias a una determinada Comunidad aunque en un principio dichas competencias se considerasen como exclusivas del Estado. Es perfectamente constitucional la superación del techo autonómico y aquel pacto constitucional de 1978 así quiso reconocerlo.

El problema es que los llamamientos al espíritu de la Constitución de 1978 o al consenso constitucional en realidad suelen ocultar argumentos, ideas y opiniones no tan constitucionales y democráticos. Lo que subyace bajo esa argumentación no es otra cosa que un nacionalismo español que considera que lo que hay es ya demasiado “ceder” a unas “regiones de España” que debieran estar agradecidas; un nacionalismo español que considera impensable cumplir lo que la propia Ley dice (no ya el espíritu sino la letra misma de los Estatutos de autonomía ha sido incumplida por gobiernos tanto del PP como del PSOE); un nacionalismo, en definitiva, que niega el carácter abierto, dinámico y cambiante de las identidades y de las relaciones entre esas nacionalidades (naciones para muchos de nosotros y cada vez para más personas) y el Estado. Un nacionalismo que no pone objeciones mientras las cosas vayan según lo que a ellos les interesa, pero que se rasga las vestiduras cuando alguien se sale de su guión y que no tiene problema alguno a la hora de cuestionar  y poner en duda la legitimidad de decisiones mayoritarias fruto de un pacto político como ha ocurrido con el Estatut de Catalunya.

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Hoy es un día importante para quienes estamos en contra del maltrato de los animales y para quienes creemos que el progreso es o debería ser algo más que un dato económico. Hoy el Parlament catalán ha aprobado la modificación de una Ley que permitía las corridas de toros en Cataluña. Esperemos que el ejemplo dado por Cataluña pueda servir para que algún día algo parecido pueda extenderse a otros lugares. Vista la reacción de algunos líderes políticos hoy mismo parece que ese día es todavía lejano, pero soy optimista por naturaleza y creo que las nuevas generaciones lo harán posible a medio plazo.

Son muchos los argumentos que se han esgrimido en un sentido y otro y lo que está claro es que se trata de un tema que levanta pasiones. Sin embargo, el debate ha ido ganando en matices y significados a lo largo de todo el proceso parlamentario, ayudado probablemente por la especial coyuntura que ha vivido Cataluña estos años, pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional y en plena efervescencia identitaria en algunos momentos. La deriva del debate hacia una disputa entre la cultura catalana y la cultura española ha sido algo que ha ayudado muy poco a los promotores de esta Iniciativa Legislativa Popular, ya que ha hecho que en ocasiones los focos se desviaran del verdadero objeto del debate, que no era otro que acabar con un espectáculo basado en el sufrimiento y muerte de un animal, tal y como se ha hecho en otros casos. Sin embargo, hay que reconocer que era francamente difícil que este debate identitario en torno a las corridas de toros no se diera. Las corridas de toros arrastran una carga simbólica como una de las señas de identidad de España que no han tenido otros casos como las peleas de perros, de gallos, etc., tan “tradicionales” en algunos lugares como perseguir gatos a pedradas hasta matarlos.

En el imaginario colectivo de muchas personas los toros siguen siendo uno de los símbolos de España por antonomasia. Basta con ver el toro de Osborne sobre la bandera española cuando juega “la roja”. No es casual que cuando la Iniciativa Legislativa Popular llegó al Parlament de Cataluña algunas autonomías gobernadas por el PP (o por UPN en el caso de Navarra) se lanzaran a calificar los toros como bien de interés cultural. Y no es casual que haya sido el PP quien haya tomado la bandera de la defensa de los toros como una tradición netamente española. A fin de cuentas fue un nacionalismo español rancio y necesitado de pan y circo el que convirtió a los toros en una especie de esencia de “lo español” y en parte de esa “Spain is different”.

Pero parece que en buena medida ese nacionalismo español (rancio y vergonzante, ya que casi nadie se atreve a reconocer que es un nacionalista español) sigue vivo y no solo en algunos exaltados y radicales. Una de las imágenes más tristes hoy era ver cómo enfocaban la noticia los informativos de algunas cadenas que dedicaban más tiempo a resaltar el coste económico que la medida va a tener para Cataluña o a la pérdida de puestos de trabajo entre quienes se dedican a fabricar capotes que a explicar los argumentos de unos y otros en el debate parlamentario. Y como si quisieran dejar tranquilos a los televidentes españoles de bien, defensores de las corridas de toros, han sido varios los líderes andaluces, madrileños, manchegos… que han tenido la ocasión de dejar claro que esto no ocurrirá en España.

Con todo, y por buscarle un poco de gracia al tema, me quedo con la reivindicación del “prohibido prohibir” que hoy han aireado para este caso algunos de los que disfrutan prohibiendo casi todo lo demás o con el grito de “libertad” de algunos líderes políticos. Me han hecho sonreír, y no es algo que consigan muchas veces.

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Este fin de semana casi el 30% de la población de 167 municipios catalanes se ha mostrado a favor de la independencia de Cataluña, cortando amarras con España. Se trataba de una consulta impulsada por una organización privada y sin carácter vinculante, a pesar de lo cual, el 30% de la ciudadanía convocada acudió a votar.

La consulta tiene un evidente valor simbólico y político y muestra una tendencia en aumento dentro de Cataluña, de la sociedad catalana, cada vez más cansada del trato recibido por sectores importantes de la sociedad española. El movimiento nacionalista catalán no es un “constructo” artificial y forzado de una elite política y sin un respaldo social real como algunos creen o quieren hacernos creer.

El sentimiento identitario catalán está presente en la inmensa mayoría de la sociedad catalana aunque en grados distintos y con proyectos políticos diferentes. Pero parece claro que entre ellos, el proyecto independentista tiene un peso importante. No me parece en absoluto un fracaso que el 30% de la población de esos 167 municipios catalanes (200.000 personas) se acercara a las urnas y depositara su voto por la independencia. “Total, es gratis”, pensarán algunos y, evidentemente, no podemos extrapolar directamente ese 30% a un referéndum donde el resultado fuese vinculante, pero tampoco el porcentaje de participación sería el mismo si de la consulta dependiera el futuro jurídico-político de Cataluña. La consulta es lo que es, y no es poco.

El nacionalismo español, el que no se avergüenza de definirse como tal y el que sí, ha reaccionado como siempre, recordando el viejo fantasma de la guerra civil, un conflicto al que “siempre nos han conducido las frívolas aventuras secesionistas de los nacionalismos periféricos”, escuchaba ayer en un debate televisivo. Curiosa manera de explicar y justificar sucesos históricos de la España contemporánea como el alzamiento militar de Franco o incluso (seguro que alguno lo ha pensado) el golpe de Estado de Tejero. En la mente de un “facha”, que es la palabra que mejor define a esta manera de pensar, quienes se cuestionan el orden establecido sólo quieren revolver, provocar y causar problemas. Ellos, hombres de bien, simplemente reaccionan desde la posesión de la verdad absoluta, defendiendo a España, único “Ser nacional”, de quienes se inventan naciones inexistentes con argumentos ridículos.

El nacionalismo español no acepta que haya quien pueda no estar cómodo en una España autonómica de café para todos. El proyecto de la transición donde se marcaba con claridad dos niveles autonómicos ha quedado olvidado porque la clase política española no se cree una descentralización de verdad y porque esta segunda ola de reformas estatutarias no ha servido más que para incidir más aún en esa uniformización. No hay más que pensar en la fórmula Camps. El nacionalismo, sea catalán, vasco o gallego, nunca podrá estar cómodo en esa imagen de España, nación única e indivisible.

Las identidades nacionales no son seres eternos e incuestionables ni verdades absolutas objeto de fe y veneración por parte de las personas. Las naciones pueden y deben ser objeto de debate político y opinión, pues no serán sino lo que la ciudadanía mayoritariamente decida que sean. En este sentido, lo importante de la consulta de este fin de semana es que se ha podido ejercer la libertad de expresión opinando sobre el proyecto nacional de Cataluña: la ciudadanía de 167 municipios ha podido opinar, con normalidad, sobre la independencia de su nación, con normalidad, sin que por ello se caiga el cielo o se abran los infiernos.

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20090829_estatut_constituciEn estos inicios del siglo XXI pocos son los que cuestionan públicamente el Estado de derecho y la división de poderes y digo públicamente, porque en privado y en las cocinas de la política ocurre algo muy diferente. Con todo lo que ha llovido últimamente se me escapa una sonrisa cuando alguien me habla de la independencia de los poderes y, sobre todo, si se refieren a la independencia del poder judicial. Visto desde fuera (fuera de la política y fuera de Madrid), todo parece haberse convertido en un equilibrio de poder entre los dos grandes partidos estatales, cada vez más preocupados por la que para ellos es una excesiva influencia de las fuerzas nacionalistas en la política estatal. Resulta curioso que las mismas personas que reclaman solidaridad a los nacionalismos periféricos cuando se trata de financiación de las autonomías miren con desconfianza e incluso con repugnancia a los partidos catalanes y vascos cuando estos, en un ejercicio de solidaridad, quieren participar en la toma de decisiones en Madrid.

Resulta complicado sentirse cómodo en un Estado que siempre encuentra dificultades a la hora de reconocer las distintas realidades que lo integran y que algunos sentimos como nacionales. El empeño de los distintos gobiernos de Madrid, tanto del PSOE como del PP, ha sido el de diluir las diferencias cualitativas que existen entre las comunidades históricas (Euskadi y Navarra, Cataluña, Galicia) y el resto del territorio del Estado. Estas diferencias históricas, culturales, identitarias son las que plasmó la Constitución de 1978 a la hora de establecer dos vías de acceso a la autonomía y a la hora de fijar dos niveles competenciales distintos. Aplicando la estrechez de miras de algunos, no sería descabellado pensar que la reciente reforma del Estatuto Valenciano, en el que una disposición adicional (conocida como cláusula Camps) habla de que será competencia valenciana todo lo que se transfiera a otras comunidades, es también inconstitucional, ya que va contra el espíritu y la letra de la Carta Magna, pero sin embargo Valencia no genera el mismo nivel de polémica que Euskadi o Cataluña.

La propuesta planteada desde el País Vasco no fue ni tan siquiera debatida en las Cortes con la siempre útil excusa de la violencia terrorista. En Cataluña el Estatuto fue debatido y se aprobó un texto. Cuando la propuesta de Estatuto llegó a Madrid fue recortada de forma importante. No se aprobó lo que decidió Cataluña (como dijo Zapatero que haría), pero al menos se acordó una reforma del Estatuto. Un texto, aprobado por 120 miembros del Parlamento de Cataluña (frente a solo 15 votos en contra, del PP), aprobado por el Congreso y el Senado (tan solo con el voto en contra del PP y una errática posición que terminaría en la abstención de ERC), aprobado en referéndum por el pueblo catalán con un 73,90 % de los votos a favor, pero cuestionado en Madrid desde el principio.

Tras tres largos años en los que España no se ha roto, a pesar de los gritos apocalípticos del PP, parece que el Tribunal Constitucional está cerca de emitir una sentencia sobre la inconstitucionalidad del Estatut. Es posible que la sentencia sea negativa, al menos es lo que se deduce de las declaraciones de unos y otros en los últimos días. Si así fuera, estaríamos ante un NO jurídico a un acuerdo político y soberano no solo de una Comunidad, sino de las propias Cortes, representantes de la soberanía popular de todos los españoles. Si llegara el tan temido NO del Constitucional, el Estatuto catalán, tal y como está redactado, no tendría cabida en la actual Constitución, tal y como está redactada. Ya hay quien, empezando por el propio Zapatero, se ha adelantado a advertir que no habrá reforma constitucional, pero lo cierto es que es la única solución posible si es que se quiere respetar un acuerdo adoptado por las Cortes y crear un marco de convivencia en el que no sólo los nacionalistas españoles se sientan cómodos. La lealtad es algo que siempre se reclama a los nacionalismos periféricos, pero que parece que no están dispuestos a cumplir los nacionalismos centralistas: ni el nacionalismo de derechas del PP, ni el de izquierdas del PSOE. De eso en Navarra sabemos mucho.

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