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Posts Tagged ‘Estatuto’

20090829_estatut_constituciEn estos inicios del siglo XXI pocos son los que cuestionan públicamente el Estado de derecho y la división de poderes y digo públicamente, porque en privado y en las cocinas de la política ocurre algo muy diferente. Con todo lo que ha llovido últimamente se me escapa una sonrisa cuando alguien me habla de la independencia de los poderes y, sobre todo, si se refieren a la independencia del poder judicial. Visto desde fuera (fuera de la política y fuera de Madrid), todo parece haberse convertido en un equilibrio de poder entre los dos grandes partidos estatales, cada vez más preocupados por la que para ellos es una excesiva influencia de las fuerzas nacionalistas en la política estatal. Resulta curioso que las mismas personas que reclaman solidaridad a los nacionalismos periféricos cuando se trata de financiación de las autonomías miren con desconfianza e incluso con repugnancia a los partidos catalanes y vascos cuando estos, en un ejercicio de solidaridad, quieren participar en la toma de decisiones en Madrid.

Resulta complicado sentirse cómodo en un Estado que siempre encuentra dificultades a la hora de reconocer las distintas realidades que lo integran y que algunos sentimos como nacionales. El empeño de los distintos gobiernos de Madrid, tanto del PSOE como del PP, ha sido el de diluir las diferencias cualitativas que existen entre las comunidades históricas (Euskadi y Navarra, Cataluña, Galicia) y el resto del territorio del Estado. Estas diferencias históricas, culturales, identitarias son las que plasmó la Constitución de 1978 a la hora de establecer dos vías de acceso a la autonomía y a la hora de fijar dos niveles competenciales distintos. Aplicando la estrechez de miras de algunos, no sería descabellado pensar que la reciente reforma del Estatuto Valenciano, en el que una disposición adicional (conocida como cláusula Camps) habla de que será competencia valenciana todo lo que se transfiera a otras comunidades, es también inconstitucional, ya que va contra el espíritu y la letra de la Carta Magna, pero sin embargo Valencia no genera el mismo nivel de polémica que Euskadi o Cataluña.

La propuesta planteada desde el País Vasco no fue ni tan siquiera debatida en las Cortes con la siempre útil excusa de la violencia terrorista. En Cataluña el Estatuto fue debatido y se aprobó un texto. Cuando la propuesta de Estatuto llegó a Madrid fue recortada de forma importante. No se aprobó lo que decidió Cataluña (como dijo Zapatero que haría), pero al menos se acordó una reforma del Estatuto. Un texto, aprobado por 120 miembros del Parlamento de Cataluña (frente a solo 15 votos en contra, del PP), aprobado por el Congreso y el Senado (tan solo con el voto en contra del PP y una errática posición que terminaría en la abstención de ERC), aprobado en referéndum por el pueblo catalán con un 73,90 % de los votos a favor, pero cuestionado en Madrid desde el principio.

Tras tres largos años en los que España no se ha roto, a pesar de los gritos apocalípticos del PP, parece que el Tribunal Constitucional está cerca de emitir una sentencia sobre la inconstitucionalidad del Estatut. Es posible que la sentencia sea negativa, al menos es lo que se deduce de las declaraciones de unos y otros en los últimos días. Si así fuera, estaríamos ante un NO jurídico a un acuerdo político y soberano no solo de una Comunidad, sino de las propias Cortes, representantes de la soberanía popular de todos los españoles. Si llegara el tan temido NO del Constitucional, el Estatuto catalán, tal y como está redactado, no tendría cabida en la actual Constitución, tal y como está redactada. Ya hay quien, empezando por el propio Zapatero, se ha adelantado a advertir que no habrá reforma constitucional, pero lo cierto es que es la única solución posible si es que se quiere respetar un acuerdo adoptado por las Cortes y crear un marco de convivencia en el que no sólo los nacionalistas españoles se sientan cómodos. La lealtad es algo que siempre se reclama a los nacionalismos periféricos, pero que parece que no están dispuestos a cumplir los nacionalismos centralistas: ni el nacionalismo de derechas del PP, ni el de izquierdas del PSOE. De eso en Navarra sabemos mucho.

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psoe

Recuerdo todavía con gran viveza la sensación de alivio incluso físico, como si me hubieran quitado un peso de encima, el día de la derrota de Aznar en las elecciones de marzo del año 2004. No sé cómo se habría sentido ese día en otros lugares del Estado, pero esa sensación de haber abierto las ventanas en una habitación cargada de un ambiente opresivo y gris se vivió con fuerza en la CAV y Navarra y no creo equivocarme al afirmar que también, al menos, en Cataluña y Galicia.

Con la derrota de Aznar se ponía fin a un período de gobierno en mayoría absoluta de un ultra nacionalismo español que acosó a cualquiera que tuviera y se atreviera a defender una imagen de España distinta a la enarbolada como un arma por el centralismo aznarista. La presión a la que se sometió al nacionalismo vasco fue tal que a muchos les recordó tiempos pasados que creían olvidados para siempre.

Algo de esto debió ocurrir más allá de apreciaciones personales y subjetivas. El primer Gobierno Zapatero planteó importantes reformas constitucionales y estatutarias para actualizar la España de las Autonomías a las nuevas necesidades del siglo XXI, reforzando el papel de las regiones y de las nacionalidades, de las que incluso se llegó a hablar como naciones. El centralismo y ultra nacionalismo español defendido por el PP no solo había conseguido dejar aislado al partido liderado ya por Mariano Rajoy, sino que además había logrado “manchar” y “contaminar” la defensa de un centralismo español (entendido por el PP de Aznar como una lucha contra los nacionalismos periféricos) como lo hiciera años atrás el franquismo (que contaminó e hizo políticamente incorrectas durante décadas muchas de las señas de identidad del nacionalismo español).

Ese intento de una segunda transición (imagen lanzada por Aznar y de la que se apropió Zapatero dándole un sentido claramente distinto) tuvo un coste político importante para el PSOE que no supo aguantar la presión de la dura oposición del PP y comenzó un giro al centro, alejándose del entendimiento con las fuerzas nacionalistas, ya fuese en el gobierno de Madrid o en las distintas comunidades autónomas. El discurso del PSOE, más motivado por rendimientos electorales que por una convicción sólida acerca de la idea de España y de su relación con las naciones vasca, catalana y gallega, no resistió el envite del nacionalismo español fácil, simplón y populista esgrimido por el PP y resumido en la frase de “España se rompe” (ya saben, España, antes roja que rota).

El caso de Navarra es una clara muestra de ello. Desoyendo la clara voluntad de cambio manifestada en las urnas el 27 de mayo de 2007 en los comicios de mayor participación de la historia de la democracia en Navarra, el PSN, obligado por el PSOE, decidió mantener a UPN en el gobierno foral. La apuesta por defender identidades plurales, la necesidad de airear el cargado ambiente foral, todo quedaba en un segundo plano ante el coste electoral de un posible pacto del PSN con el nacionalismo vasco en Navarra.

Tras la segunda victoria de Zapatero en 2008 las reformas constitucionales y estatutarias pasaron a dormir el sueño de los justos. Al margen de las dificultades generadas por la crisis económica, los resultados de las elecciones gallegas y vascas y la gestión posterior de esas dos derrotas electorales han reducido el margen de maniobra de un PSOE que no hace sino perder apoyos parlamentarios. El Gobierno de Zapatero ha conseguido un récord en su gestión política, pasando de contar con el apoyo o el voto de confianza de todos (menos el PP) a estar prácticamente aislado.

La crisis de Gobierno ha sido un paso más en ese viaje al centro (geográfico y no político en este caso) del PSOE al nombrar a Manuel Chaves Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial y encargarle la coordinación autonómica para lograr una mayor cohesión de las regiones de España. Abandonada la segunda transición, habrá que ver si el PSOE no se encamina hacia una segunda LOAPA coordinada por la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y con las nacionalidades históricas controladas por primera vez en la historia por partidos de obediencia central.

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lopez_estatuto3Un reciente artículo publicado en la prensa por Pedro Pegenaute, actual Director General de Administración Local del Gobierno de Navarra, me ha llamado la atención y me ha hecho repensar sobre una vieja polémica que creía olvidada y enterrada: la relativa al art. 47.2 del Estatuto Vasco.

Durante la transición a la democracia, a lo largo de 1977 y 1978 se debatió la posible incorporación de Navarra a la naciente Comunidad Autónoma Vasca, entonces todavía CGPV (Consejo General del País Vasco). A la altura de noviembre de 1977 se quería aprobar el preautonómico vasco (y el catalán y gallego) para devolver un cierto autogobierno antes de la aprobación incluso de la Constitución a las regiones que durante la Segunda República habían plebiscitado y aprobado un Estatuto de Autonomía. El Acuerdo al que llegaron el Ministro para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, y la Asamblea de Parlamentarios Vascos (incluidos los navarros, aunque los representantes de la UCD nunca acudieran) recogía el derecho de cada una de las cuatro provincias (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra) a decidir libremente su plena incorporación al Consejo Vasco.

El Acuerdo provocó reacciones inmediatas y la UCD de Navarra forzó la renegociación del mismo entre el Gobierno de Madrid y la Asamblea de Parlamentarios Navarros. A partir de ese momento, la UCD de Navarra se dedicó a tratar de conseguir que la posible incorporación de Navarra a Euskadi fuese algo más parecido a una carrera de obstáculo que a proceso político.

Las negociaciones entre el Ministerio y la Asamblea de Parlamentarios Navarros dieron como resultado el Real Decreto 2/1978, apoyado por todas las fuerzas navarras con representación en Cortes (UCD, PSOE y PNV). Este Decreto es el que, se convertiría, a la postre, en la Disposición Transitoria Cuarta, fuente de importantes polémicas dentro de la UCD de Navarra. De hecho, la aprobación de dicha Disposición en la Carta Magna sería el motivo del nacimiento de UPN, como escisión de la UCD para pedir el NO a la Constitución de 1978.

Pero la cuestión aún daría lugar a otra nueva polémica, en 1979, no de la misma trascendencia, pero que marcaría la salida de la UCD de un diputado, Pedro Pegenaute, y un senador, José Luis Monge. El desacuerdo se centró en esta ocasión en el artículo 47.2 del Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Vasco, que regulaba el referéndum para la modificación del Estatuto en caso de que Navarra se incorporase a Euskadi. El recuento del resultado se haría en una única circunscripción que englobaría a los 4 territorios. La UCD de Navarra quería que el nuevo Estatuto se aprobara en Navarra por separado. En plena recta final de las negociaciones entre Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea, a finales de noviembre de 1979 la prensa publicaba unas declaraciones de Pedro Pegenaute en este sentido. El entonces diputado fue desautorizado por la dirección nacional de su partido. Poco después Monge y Pegenaute salían de UCD e iniciaban una andadura política de escasos éxitos pasando por Convergencia Navarra, AP-PDP-UL o el Partido Moderado. Pegenaute aún sería rescatado por Miguel Sanz para dirigir la ofensiva navarrista orquestada por el Gobierno de Navarra contra el euskera desde el año 2000.

30 años después de aquellas polémicas de la transición parece que algunos de sus protagonistas quieren aprovechar el inminente cambio de Gobierno en el País Vasco no para pensar en el futuro y posibilitar ese previsible cambio de rumbo que algunos ven con buenos ojos como un modo de consolidar el marco estatutario y constitucional supuestamente desdeñado por el nacionalismo vasco. Hay quien está pensando más bien en saldar viejas cuentas, antiguas anotaciones en la columna del debe que algunos no quieren perdonar al hacer balance de sus trayectorias políticas.

Con todo, la intentona puede tener un cierto interés para el ciudadano preocupado por el devenir de la política en esta tierra nuestra y no carece de una buena dosis de ironía. Tal vez sea interesante contemplar si el cambio de Gobierno en el País Vasco supone un cambio de sentido en las “injerencias políticas” para ser ahora Navarra la que interfiera en cuestiones de la CAV y no al revés. Puede ser un efecto colateral no previsto por el próximo gobierno de Patxi López. El tiempo lo dirá.

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