Es un lugar común en todos los análisis que uno lee sobre la situación actual el dar por hecho que Zapatero pactará con el PNV los próximos presupuestos a cambio de transferencias para Euskadi. Soy de los que opina que una negociación presupuestaria no es el lugar adecuado para cambiar cromos sobre competencias autonómicas por dignidad, en primer lugar, pero también por sentido práctico, por cómo contemplan ese mercadeo desde España y la imagen negativa que arroja sobre los llamados “nacionalismos periféricos”. Es triste tener que recurrir a una negociación presupuestaria para lograr que se aplique la Ley y que competencias que territorios como Euskadi deberían ejercitar desde hace 30 años sean por fin una realidad. Pero es más triste todavía comprobar que es imposible explicarle eso a una persona de fuera de Euskadi sin que piense que no eres sino un pedigüeño y un aprovechado o simplemente un “nacionalista de mierda”.
Es bastante frecuente escuchar a ciertas personas criticar las propuestas de reforma de los regímenes autonómicos en el estado español y cantar las alabanzas de la época de la transición a la democracia, cuando todo se hacía por un amplio consenso y gracias al acuerdo y buena voluntad de todos. Normalmente ese argumento se emplea para criticar a esos nacionalismos insaciables que no hacen otra cosa que pedir nuevas transferencias y mayores cotas de autogobierno aprovechando cualquier resquicio y cualquier momento de debilidad por parte del gobierno de turno en Madrid. Pero lo que no ven o no quieren ver esas mismas personas es que ha habido un histórico incumplimiento de ese supuesto espíritu de la transición que distinguía entre regiones y nacionalidades no cuantitativamente, por la cantidad de competencias que cada cual pudiera llegar a tener, sino, cualitativamente, por lo diferente de su conciencia identitaria e incluso por el distinto origen de sus competencias (como es el caso de Navarra y Euskadi, con sus derehos históricos y sus regímenes forales). Tampoco quieren ver esas mismas personas que tanto ensalzan la transición y la Constitución de 1978 que esa misma norma contiene artículos, como el 150.2 que permite a un Gobierno transferir competencias a una determinada Comunidad aunque en un principio dichas competencias se considerasen como exclusivas del Estado. Es perfectamente constitucional la superación del techo autonómico y aquel pacto constitucional de 1978 así quiso reconocerlo.
El problema es que los llamamientos al espíritu de la Constitución de 1978 o al consenso constitucional en realidad suelen ocultar argumentos, ideas y opiniones no tan constitucionales y democráticos. Lo que subyace bajo esa argumentación no es otra cosa que un nacionalismo español que considera que lo que hay es ya demasiado “ceder” a unas “regiones de España” que debieran estar agradecidas; un nacionalismo español que considera impensable cumplir lo que la propia Ley dice (no ya el espíritu sino la letra misma de los Estatutos de autonomía ha sido incumplida por gobiernos tanto del PP como del PSOE); un nacionalismo, en definitiva, que niega el carácter abierto, dinámico y cambiante de las identidades y de las relaciones entre esas nacionalidades (naciones para muchos de nosotros y cada vez para más personas) y el Estado. Un nacionalismo que no pone objeciones mientras las cosas vayan según lo que a ellos les interesa, pero que se rasga las vestiduras cuando alguien se sale de su guión y que no tiene problema alguno a la hora de cuestionar y poner en duda la legitimidad de decisiones mayoritarias fruto de un pacto político como ha ocurrido con el Estatut de Catalunya.
Erreniega 